Es una función asignada por la ley a las Cámaras de Comercio y consiste en un registro público mediante el cual, con la inscripción del documento en la cámara, nace una nueva persona jurídica distinta de sus miembros, y se otorga la publicidad a los demás actos que se inscriben.

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, deberán inscribirse en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, y deberán estar clasificadas y calificadas según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 80 de 1993.